Las deducciones por inversiones no incentivan las inversiones.
Existe una teoría, minoritaria y poco difundida, que sostiene que la mayoría de los incentivos fiscales existentes en nuestro ordenamiento no cumplen su finalidad. Tales incentivos no incentivan lo que pretenden incentivar, o, al menos, no lo incentivan suficientemente. Una mujer trabajadora que tenga un hijo hoy, tiene derecho a una deducción de 100 euros mensuales durante los primeros 36 meses de vida del niño, es decir, 3.600 euros. Además, con independencia de que trabaje fuera de casa o no, a 2.500 euros. Existen también otros incentivos autonómicos menores y variables, la baja por maternidad remunerada... su empresa puede tener determinados beneficios en las cotizaciones a la seguridad social... El padre también tiene derecho a una baja por paternidad remunerada. Aparte, otros derechos, cuyo coste es más difícil de cuantificar, como la posibilidad de acogerse a jornada reducida. En conclusión: en gastos para la Administración, "una pasta".
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Instrucción 1/2009, de 26 de marzo, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre normas para el registro de asuntos en los sistemas de gestión procesal.
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Resolución de 24 de junio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la Resolución conjunta de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial, y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, para el seguimiento del Real Decreto 2130/2008, de 26 de diciembre.
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Orden EHA/1681/2009, de 12 de junio, por la que se modifica la Orden del Ministerio de Hacienda de 12 de diciembre de 2000, por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado.
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Resolución de 3 de junio de 2009, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las Entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito.
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Resolución de 5 de junio de 2009, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se modifica la de 19 de abril de 2007, por la que se establecen los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores en el transporte por carretera.
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Orden ARM/1680/2009, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden ARM/499/2009, de 24 de febrero, sobre delegación de competencias en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
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Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el mecanismo de traspaso de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía eléctrica.
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Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la metodología de cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural.
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Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio, por el que se regula la Oficina de Cambios de Suministrador
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Orden EHA/1621/2009, de 17 de junio, por la que se eleva a 18.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas derivadas de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria corresponda a las Comunidades Autónomas.
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La buena educación
En mi época de rector de la Complutense la Junta Directiva de la CRUE recibió al candidato a la presidencia del gobierno Sr. Rodríguez Zapatero. Se acababa de publicar la LOU y Zapatero anunció a los rectores presentes que si llegaba a La Moncloa cambiaría la norma completamente, ante lo cual, horrorizados, le confesamos nuestro abatimiento. La comunidad universitaria había vivido tiempos muy convulsos durante la gestación de la Ley y estaba en proceso de asimilación y adaptación a la nueva norma. Convencidos de las virtudes que se derivan de la estabilidad de las políticas educativas, otra Ley más nos parecía irresistible.
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Competencia expedienta a cinco grandes eléctricas por prácticas anticompetitivas
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado expediente sancionador contra las empresas eléctricas Endesa, Iberdrola, Hidrocantábrico, Unión Fenosa y E.ON por posibles prácticas anticompetitivas en el suministro de electricidad a clientes finales.

Dichas prácticas consistirían, informó este miércoles el regulador, en la suspensión temporal a terceros, por parte de las distribuidoras de estos grupos empresariales, del acceso telemático a los datos necesarios para gestionar el cambio de compañía suministradora de los consumidores finales.
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La nueva ley de asilo se aprueba con el apoyo de PP y CiU y el rechazo de la izquierda
Los cambios que el Congreso ha introducido en la ley de Asilo y Protección Subsidiaria no son suficientes como para que los grupos de izquierda lo aprueben. Así hoy esta ley saldrá camino del Senado con los votos a favor del PSOE, PP y CiU y la oposición de ERC-IU-ICV que aún con el reconocimiento de las "mejoras" no son tantas como para apoyarla absolutamente.
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El Congreso convalida la subida de impuestos y el crédito 'extra' para pagar el paro
El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó hoy el decreto ley que concede créditos extraordinarios por un importe total de 19.821,28 millones de euros, destinado en su mayoría al pago de las prestaciones por desempleo, y eleva los Impuestos Especiales sobre hidrocarburos y tabaco con los votos a favor del PSOE, CC y ERC, mientras que el PP y el PNV votaron en contra. El texto prosperó por 175 votos a favor, 158 en contra y 13 abstenciones (entre ellas las de los diputados de CiU e IU-ICV).
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El Congreso aprueba los límites a la Justicia universal a casos de españoles
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy con mayoría absoluta el proyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, en el que se incluyó entre otras cuestiones una limitación de las competencias de España en la persecución de delitos internacionales. En la votación de conjunto, que requería mayoría absoluta dado su carácter orgánico, la reforma contó con el apoyo de PP, PSOE, PNV, CiU, ERC e UPyD, mientras que votaron en contra los dos diputados de IU-ICV y se abstuvieron los tres que suman el BNG y Nafarroa Bai.
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La Ley General Audiovisual enfila el final del camino
La esperada Ley General Audiovisual enfila hoy la recta final de su camino. La vicepresidenta primero del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció ayer que el Consejo de Ministros estudiará en primera lectura el anteproyecto del texto legal que regulará el sector audiovisual, tras varios años en los que todas las nuevas legislaciones, como la que creó la televisión digital terrestre o la que permite las fusiones entre cadenas, se han introducido en forma de medidas urgentes.
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Tribunal Supremo Sala 1ª, S 11-2-2009, nº 80/2009, rec. 574/2003. Pte: O'Callaghan Muñoz, Xavier
El TS desestima el recurso de casación dirigido contra la sentencia que rechazó la demanda en el ejercicio de la acción de protección del derecho al honor y del derecho a la intimidad personal, contra los que eran compañeros suyos en la oficina de registro y reparto de dicho Tribunal, por las manifestaciones vertidas por los demandados en el expediente disciplinario incoado contra la demandante, en el que se exponen la situación creada en la misma oficina atribuyendo a la hoy demandante "irresponsabilidad" y "falta de consideración" "buscando eludir sus deberes y obligaciones" dándose de baja en el servicio. Considera la Sala que las manifestaciones que hacen los demandados en un expediente gubernativo exponen una situación conflictiva en una oficina del Tribunal Superior de Justicia pero no atentan a su prestigio profesional ni, por ende, a su honor. Luego no se ha atentado al prestigio profesional, ni se han vertido expresiones intrínsecamente insultantes y descalificadoras de la recurrente.
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Tribunal Supremo Sala 1ª, S 9-12-2008, nº 1203/2008, rec. 2032/2004. Pte: Almagro Nosete, José
Desestima el TS el recurso de casación de la aseguradora codemandada contra la sentencia dictada en apelación que confrimando la de instancia, estimaba parcialmente la demanda de reclamación de cantidad como indemnización por daños producidos en un accidente de circulación. La Sala resuelve que la aseguradora no abonó ni consignó cantidad alguna sino hasta el momento en que fue dictada la sentencia en el juicio de faltas que precedió al proceso civil del que trae causa el recurso, y tal retraso no se justifica por la existencia de una duda razonable acerca de la causa del siniestro y, por ende, de la cobertura del seguro atendida la mecánica del accidente, tampoco se ha justificado el retraso por la certeza del alcance de las lesiones y, consecuentemente, por la indeterminación del perjuicio indemnizable, cuando la aseguradora no intentó siquiera la consignación en tiempo oportuno de las cantidades que consideraba correspondían a los daños sufridos por la víctima, a lo que no le autorizaba la reserva de las acciones civiles realizada por los denunciantes en el acto del juicio de faltas, al surgir la responsabilidad por mora cuando se incumple la obligación de pago o consignación de la indemnización en el plazo de los tres meses siguientes a la producción del siniestro con independencia del ejercicio de las acciones tendentes a obtener el resarcimiento o reparación del daño, de modo que procede que la aseguradora satisfaga el interés moratorio.
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Tribunal Supremo Sala 3ª, sec. 3ª, S 31-3-2009, rec. 5127/2006. Pte: Bandrés Sánchez-Cruzat, José Manuel
El TS estima el recurso de casación interpuesto por el Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida contra SAN, que se anula por incurrir en vicio de incongruencia, y en su lugar desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia que consideró acreditadas prácticas restrictivas de la competencia consistentes en la publicación de diversos anuncios con manifestaciones engañosas, al afirmar la exclusividad de sus respectivos colegiados en la administración de fincas, distorsionando gravemente la oferta del mercado con afectación del interés público. La Sala considera que desde la modificación realizada por la Ley 8/1999 en el art. 13 de la Ley de Propiedad Horizontal, la pretensión de exclusividad del ejercicio de la actividad de administrador de fincas no tiene cobertura legal, al ser contradictoria con el principio constitucional de libre ejercicio profesional.
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Tribunal Supremo Sala 4ª, S 23-2-2009, rec. 172/2008. Pte: Gullón Rodríguez, Jesús
Frente a sentencia que le denegó los salarios de tramitación reclamados, interpone recurso de casación para la unificación de doctrina el trabajador despedido, siendo estimado por el TS. Entiende la Sala que, si bien cuando se produjo el despido improcedente estaba vigente el RDL 2/2002, que no contemplaba responsabilidad alguna para el Estado por salarios de tramitación aun cuando hubieran transcurrido más de 60 días desde que se presentó la demanda de despido, sin embargo seguían vigentes los preceptos de la LPL referidos a la reclamación de los mismos, sin que, en modo alguno, pudieran considerarse tácitamente derogados, máxime cuando la obligación de pago de los salarios no se suprimió en todos los casos de despido improcedente, lo que lleva a la conclusión de que la falta de alusión a este reintegro en el mencionado RDL obedeció a un olvido del legislador, que poco después fue subsanado por la L 45/2002.
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Tribunal Supremo Sala 4ª, S 14-1-2009, rec. 996/2008. Pte: Martín Valverde, Antonio
Desestima el TS el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por la demandada Comunidad Autónoma de Canarias contra sentencia que declaró el derecho del profesor de religión católica accionante a ser contratado para el siguiente curso escolar. Señala el Tribunal que no cabe aceptar que los efectos civiles de una decisión eclesiástica puedan resultar inmunes a la tutela jurisdiccional de los órganos estatales, y que para comprobar la legalidad y la constitucionalidad de los referidos actos de las autoridades eclesiásticas, éstas, en caso de no renovación de una habilitación otorgada anteriormente, deben motivar que la decisión está basada en razones de índole religiosa o moral.
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